Embajada: la reina de las aves de corral bloqueaba importaciones hacia El Salvador

Durante tres años la embajada de Estados Unidos libró una batalla diplomática con el gobierno del presidente Antonio Saca para lograr que se cumpliera la importación de productos avícolas en el marco del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana. La sede diplomática veía detrás del bloqueo de importación de huevos y carnes de pollo y pavo a un sector empresarial que mantenía un oligopolio, en el que intervenía directamente la comisionada presidencial para el sector agroindustrial, y que se valía de su poder económico y político para frenar el acuerdo. El nombre de la persona que ejercía esa presión, según Estados Unidos, era Carmen Elena Díaz de Sol, que entonces pertenecía a la dirección del partido Arena, el Consejo Ejecutivo Nacional (Coena).

La presión política y económica del sector fue detallada en el cable 127221, enviado a Washington, D.C. el 25 de octubre de 2007. Bajo el título: “El Salvador: principales jugadores de la industria de las aves de corral”, el entonces embajador Charles Glazer, quien firmaba el memorando, acusaba que la principal traba para las importaciones estadounidenses de este rubro era un mercado manejado por "un oligopolio local e influyente”, restando valor a las limitantes impuestas por los duros controles sanitarios y fitosanitarios requeridos por ley para estos productos.

El tema había sido recurrente desde la firma del tratado comercial, que incluyó desde el inicio reuniones de diálogo sobre las barreras sanitarias y fitosanitarias al comercio agrícola. “El objetivo era aprovechar el impulso de las negociaciones comerciales para buscar cambios a los difíciles regímenes sanitarios y fitosanitarios de los países centroamericanos”, dice el cable 45882 de la sede diplomática, enviado en noviembre de 2005. En esas reuniones, El Salvador se comprometió a resolver las medidas específicas de restricción al comercio entre El Salvador y los Estados Unidos para las carnes y las aves de corral. Para marzo de 2006, cuando entró en vigor el tratado, nada de esto se había hecho.

“Durante varios meses, la embajada ha trabajado con el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) y USTR (Oficina de seguimiento a los tratados comerciales) en una serie de discusiones técnicas, tanto con el Ministerio de Economía como el de Agricultura”, relata el cable 99881, enviado a Washington en marzo de 2007. En el resumen de las actividades realizadas durante un año de que el gobierno de Antonio Saca apurara la entrada en vigor del tratado, la embajada recalcó que “El Salvador está bloqueando la entrada de productos avícolas de Estados Unidos, una cuestión que está siendo abordada en varios niveles con el gobierno salvadoreño”. El embajador y diferentes oficiales de la sede diplomática habían discutido el tema con la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, y los entonces ministros de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría, y Economía, Yolanda de Gavidia, en marzo de 2007. Entonces, Salaverría aseguró que era una cuestión técnica. Seis meses después, la embajada hacía hincapié en que los problemas se mantenían y que tenían detrás los intereses económicos de un grupo económico políticamente influyente que mantenía un oligopolio sobre el sector.

“(…) Hay un pequeño número de intereses de empresas bien conectadas que no sólo controlan el mercado interno, sino la mayor parte del mercado centroamericano”, recalcaba la embajada y proseguía: “La figura más influyente es Carmen Elena Díaz de Sol, la principal asesora presidencial en materia de políticas agrícolas y directora nacional del sector agrícola del partido gobernante Arena”. En el cable se describe a Díaz de Sol como “la figura más influyente en la industria avícola salvadoreña” y “una importante contribuyente a las campañas políticas” del partido.

Para la sede diplomática, había un claro choque de intereses en el papel que jugaba la funcionaria, a la que llamaron “la Reina de las aves de corral”: “Actualmente, ella es la comisionada presidencial Agrícola de El Salvador. En este rol ella es la principal asesora presidencial en políticas agrícolas y todas las medidas políticas pertinentes adoptadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene que ser aprobadas por ella. También es la directora nacional del Sector Agrícola en el Coena. Díaz de Sol es muy cercana al presidente Saca y su ex esposo, el señor Ramón González Giner, fue ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Armando Calderón Sol”, exponía la embajada.

El análisis concluía que la funcionaria encabezaba la mayor operación de venta huevos en América Central y era la propietaria de la segunda mayor empresa productora de pollo de El Salvador, además de tener una importante participación en la producción de caña de azúcar salvadoreña. “Posee la segunda mayor productora de huevo salvadoreños, “El Granjero”; y, junto con otros productores de aves de corral, es copropietaria de la principal distribuidora de huevos de El Salvador, Empresas de Granjas Guanacas o EGG El Salvador”. Solo El Granjero, apuntaba la embajada, producía cerca del 16.2% del mercado de huevos de El Salvador. “De Sol también es propietario de Avícola Santa Rosa, en Honduras, y Avícola Julia, en Guatemala”, añade el cable.
 
“En el negocio de la carne de pollo, Díaz de Sol posee Productos Alimenticios Sello de Oro, la segunda mayor productora de El Salvador, que procesa anualmente más de 12 millones de pollos y controla el 20% del mercado salvadoreño. (…) También son dueños de una fábrica de concentrado que, bajo la marca Ganamás, produce alimento para el ganado lechero, avícola y de cerdos. El director ejecutivo de Pollos Sello de Oro, el ingeniero Agustín Martínez, es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Avicultores de El Salvador (Aves)”, dice el cable.

Al momento de cerrar la negociación del tratado de libre comercio, los productos agrícolas enfrentaban los aranceles de importación más altos. “A los lácteos, el arroz y los productos de cerdo se aplica un derecho del 40%, mientras que la tarifa es más alta para los productos avícolas”, resumía la embajada en el cable 45882, de octubre de 2005.

En el marco del tratado, alrededor del 80% de las mercancías industriales y comerciales de Estados Unidos ingresarían libremente a El Salvador. Los aranceles del resto de productos se eliminarían en un período entre los 10 y los 15 años, con excepción del arroz y las piernas de pollo, con un plazo de 18 años, y los productos lácteos, con 20 años. “Para los productos más sensibles, los contingentes arancelarios permiten algún acceso inmediato de mercadería libre de derechos en cantidades especificadas durante el período de eliminación arancelaria, que se irá ampliando con el tiempo”, explicaba la embajada.

Para entonces, el principal problema de los productores centroamericanos radicaba en el bajo precio de los productos avícolas provenientes de Estados Unidos, principal productor mundial, con un mercado subsidiado y donde se comercializa solo la pechuga y las alas del pollo, vendiendo el resto a precios de un centavo por libra. Todo eso ya se sabía cuando se negoció y por eso se establecieron barreras arancelarias. El CAFTA-DR (tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos) estableció una cuota de importación de carne de pollo de 464 toneladas a partir del tercer año de entrada en vigor, con un crecimiento anual paulatino hasta alcanzar el libre comercio en 18 años.

Sin embargo, lo que estaba en el papel se enfrentaba al choque de intereses de la entonces comisionada presidencial, el mismo que nunca fue discutido públicamente en el país. Al contrario, entre 2006 y 2008, las autoridades salvadoreñas sostuvieron que el bloqueo a los productos avícolas estadounidenses se debía única y exclusivamente a los problemas fitosanitarios que presentaban las granjas en Estados Unidos. “Hasta el momento ellos (los productores de Estados Unidos) no han podido enviar pollo porque las granjas no están libres de salmonella”, explicó Mario Salaverría, titular del MAG, en agosto de 2008, a dos años y medio de la entrada en vigor del tratado comercial. “No pueden emitir el permiso, pero es la autoridad de Estados Unidos, no nosotros (en El Salvador)”, agregó a El Diario de Hoy. Entonces, Carmen Díaz de Sol dijo que “tendría que entrar la carne ya cocida desde la frontera” para permitir su ingreso al país. Además, el gobierno salvadoreño argumentaba que la importación de huevos no había sido negociada como un producto avícola en el tratado.

“Aunque las normas sanitarias en general no han sido una barrera (comercial) en El Salvador, las prácticas con respecto a las aves de corral crudas son una notable excepción. Desde 1992, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha impuesto medidas sanitarias arbitrarias en las importaciones avícolas desde Estados Unidos. El gobierno salvadoreño aplica estas normas de forma discriminatoria ya que la producción interna no está sujeta a los mismos requisitos que las importaciones. Como resultado de estas medidas, los Estados Unidos no ha podido exportar aves de corral a El Salvador. La industria estima que el valor de la pérdida de las exportaciones es de entre cinco y 10 millones de dólares por año”, relata el cable 45882 de la embajada. Para diciembre de 2007, la sede diplomática volvía a destacar que “la solución de este problema es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos”.

El tema de las certificaciones sanitarias y fitosanitarias de los productos agrícolas se venía discutiendo entre los gobiernos de ambos países desde 2002. Para entonces, según relata la embajada, aún cuando Estados Unidos se comprometía a entregar el certificado que acreditaba la aprobación de sus autoridades sanitarias para la venta al público de sus productos alimenticios, se habían tenido problemas en la certificación de las pruebas de laboratorio hechas en El Salvador: “Algunos alimentos procesados aprobados para su uso en los Estados Unidos fueron rechazados en El Salvador; después de un análisis más detallado se permitió su venta”, dice el cable 132768.

Con el CAFTA-DR, esto tenía que cambiar. En el marco del tratado, El Salvador habría accedido “a reconocer la equivalencia de seguridad de alimentos de Estados Unidos y el sistema de inspección de productos cárnicos, de aves de corral y productos lácteos, eliminando así la necesidad de una inspección planta por planta”; además de que todos los países de la región debían cumplir un proceso de hacer una única norma equivalente para la importación de productos alimenticios.

Aun así, durante todo ese período, la embajada sostuvo que el problema era la presión política y económica de los productores regionales en el mercado nacional y no los controles fitosanitarios. El resto del mercado del triángulo norte centroamericano no estaba alejado de la posible interferencia de otros grupos económicos y de poder. En el análisis de la industria hecho por la sede diplomática sobresalían el grupo Gutiérrez, de Guatemala, dueño de Pollo Campero; la compañía Inversiones Múltiples, y Avícola Salvadoreña, que manejaba el 52% del mercado nacional.

La sede diplomática reconocía el poder político del grupo empresarial guatemalteco, vinculado a sectores económicos tan variados que iban desde la generación de energía eléctrica hasta la prestación de servicios financieros, pasando por la producción de alimentos y la construcción. En el mercado avícola, la embajada describía la integración vertical del grupo Gutiérrez, que manejaba “operaciones en la incubación, la producción, el procesamiento y la distribución. También es propietario de las empresas productoras de pollo, fábricas de alimentos de origen animal y salchichas en Guatemala, Honduras y Costa Rica. El ingeniero Francisco Flores Recinos, el gerente general, se ha referido al CAFTA-DR como ‘una piedra en el zapato’ que tendrá que superar”, dice el cable.
 
A ellos se sumaban el grupo Lemus O’Byrne –que manejaba el 24% de producción y distribución de huevos de El Salvador, asociado con Díaz de Sol en la distribución de huevos en Honduras y vinculado directamente al entonces director de Afiliación y Estadística del COENA, Eduardo Lemus O’Byrne-; la granja Catalana –tercera productora de huevos a nivel nacional y propiedad de Juan Duch Vidrí, tío del ex diputado de Arena y expresidente de la Asamblea Juan Duch Martínez; y Criave, propiedad de Roberto Trabanino y “mejor amigo de Eduardo Zablah, el exsecretario técnico de la Presidencia”, reza el cable.

Según la embajada, esto mismo había sido discutido con la Superintendencia de Competencia (SC), que iniciaría un estudio del sector avícola para ver si existían problemas de intereses en el marcado. “Estamos un poco escépticos debido a los poderosos intereses involucrados en el sector. Sin embargo, podríamos estar equivocados”, resumió la embajada.  El informe de la institución se conoció en diciembre de 2007, y detallaba una alta concentración del mercado de pollos, alcanzando el 70% entre tres empresas, y de huevos, llegando al mismo porcentaje entre cinco empresas. Aunque se mencionaba que existía relación comercial entre estas empresas, la SC no incluyó en su estudio eminentemente técnico la relación con los grupos de poder en el gobierno y en el partido Arena.

La embajada recalcaba que, aunque los productores habían “logrado bloquear el acceso de los productos de Estados Unidos por el momento”, también reconocía que con el tiempo el tratado comercial les exigía abrir el mercado y que se mantendría una política de presión sobre el gobierno para lograrlo. “Carlos Molina, gerente de la Asociación de Avicultores de El Salvador, ha declarado que la industria tendrá tres años para desarrollar un plan para hacer frente a las importaciones de pollo más barato desde Estados Unidos permitidas por el CAFTA”, relata el cable. “Se seguirá con la presión política para garantizar que esta disposición entre en vigor y para impulsar un acceso más rápido al mercado”, finalizaba la embajada.