El Salvador dejó que al diputado Eliú Martínez se lo llevara Estados Unidos

Desde 2001 las autoridades de El Salvador investigaban por narcotráfico y lavado de dinero a William Eliú Martínez, quien fue diputado suplente del Partido Acción Popular (PAN) de 2000 a 2003, pero optaron por no capturarlo. En lugar de eso, fueron parte de una operación coordinada con Estados Unidos para que fuera la justicia de este país la que se hiciera cargo.

Según el cable 47809 de la embajada de Estados Unidos, colaboraron para que este fuera detenido en Panamá y extraditado al país estadounidense en una operación realizada por la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el 12 noviembre de 2003. Dos años después, la embajada recordaba en el cable la participación activa de las autoridades salvadoreñas en el éxito de la operación y la imposibilidad de extradición del ex diputado si este hubiera sido capturado en El Salvador.

Hasta entonces, la Constitución salvadoreña impedía la extradición de algún salvadoreño hacia otra nación.

El 15 de diciembre de 2005, el embajador Douglas Barclay envió un borrador del informe acciones contra el narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero en El Salvador hacia el Departamento de Estado, en Washington D.C. Para entonces, la embajada veía a El Salvador exclusivamente como un país de tránsito de drogas ilícitas, principalmente cocaína y heroína; y a las instituciones de seguridad pública como colaboradoras “con las autoridades de Estados Unidos en casos que llevaron a las acusaciones de importantes traficantes de drogas”.

Barclay cita en el cable que “investigadores de la policía y los fiscales salvadoreños viajaron a los Estados Unidos en numerosas ocasiones durante todo el año (2005) para compartir inteligencia y coordinar las operaciones” en El Salvador. Según Barclay, este tipo de “cooperación conjunta” fue la que llevó a la captura, "extradición" y posterior condena de William Eliú Martínez en Estados Unidos. En teoría se trataba de una cooperación mutua.
 
“La DEA agarró toda nuestra investigación y la amplió mucho más para poderlo llevar a su país”, reconoció el entonces director general de la PNC, Ricardo Meneses, al tiempo que aseguró que había más personas involucradas en las operaciones de Martínez. “No son simples lancheros, son personas de primera categoría”, afirmó a la prensa nacional. Si la PNC tenía una investigación sobre el ex diputado, ¿por qué no lo capturaron antes? Si alguien se lo preguntó, Meneses nunca explicó públicamente el porqué de ello.

Por el contrario, Martínez mantuvo un alto perfil público mientras supuestamente era investigado por la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR). Primero como diputado suplente del PAN; después, desde enero de 2003, como presidente del club de fútbol Arcense, de la primera división salvadoreña. Así, hasta que fue detenido tras una investigación iniciada años atrás.

El 16 de marzo de 1999, la DEA y la Policía Nacional de Guatemala incautaron un cargamento de 2 mil 556 kilos de cocaína escondido en tres camiones que acababan de cruzar la frontera entre El Salvador y Guatemala. Cada kilogramo estaba embalado como un ladrillo envuelto con cinta café y algunos de ellos estaban marcados con logos, como una bandera de Estados Unidos con un águila o la frase “Mobil Super Plus”. Él éxito de la operación se basaba en un “soplo” recibido por el agente de la DEA Daniel Moren por parte de un informante que identificaba por “López”, un miembro activo de la organización del capo guatemalteco Otto Herrera. Cuatro días después de que se incautara el alijo, el informante fue asesinado por sicarios en la capital guatemalteca.

Tuvieron que pasar cuatro años para que el nombre del ex diputado apareciera en la investigación, según los detalles revelados por la FGR posteriormente a su captura. En abril de 2003, durante un allanamiento a una casa de Otto Herrera en Izabal, Guatemala, se encontró una agenda donde figuraba el número telefónico de William Eliú Martínez. Para entonces, todavía tenía fuero legislativo. Si la DEA manejaba más información con anterioridad, nunca se supo públicamente.

La falta de información cruzada entre las autoridades estadounidenses y salvadoreñas quedó clara cuando se dieron a conocer las razones del viaje de Martínez a Panamá. En Ciudad Arce, fuentes de diferentes medios de comunicación, aseguraron que el viaje era para buscar jugadores panameños que reforzaran a su equipo de fútbol, Arcense. Según el entonces jefe de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC, Godofrendo Miranda, él iba para contactarse con los cabecillas de una red internacional de lavado de dinero y establecer una organización de ese tipo en El Salvador. “No tenemos prueba fehaciente, pero sí tenemos los indicios de que él a eso iba”, dijo Miranda a La Prensa Gráfica. Fue hasta la realización del juicio, en 2005, que se conoció la verdadera razón.

La noche del 12 de noviembre de 2003, los agentes de la DEA A.J. Collazo y James Casey esperaron a Martínez en el aeropuerto de Panamá. En teoría, el ex diputado viajaba por negocios y a las 11de la noche, después de aterrizar, fue detenido por agentes de inmigración de Panamá que lo llevaron a un cuarto, donde estaba un agente de la DEA. Una hora después estaba en un pequeño avión de 10 plazas, donde Casey y Collazo le explicaron los cargos en su contra. Todo había sido parte de una operación internacional de la DEA y, durante el juicio, el mismo Collazo aceptó que fue porque las autoridades salvadoreñas no habrían deportado a Martínez.

Según las transcripciones del juicio y la resolución de la apelación de Martinez, fue entonces cuando el ex diputado aceptó su participación en el tráfico de droga. Aunque los agentes de la DEA no tomaron nota de toda la declaración que rindió Martínez durante dos horas de viaje la madrugada del 13 de noviembre de 2003, el resumen que hicieron posteriormente daba cuenta de sus declaraciones: durante la década de los años 90, mientras vivía en Houston, Texas, conoció a Hernando Monroy, alias “el Chino”, quien lo habría contactado para que participara en una operación de contrabando de drogas con personas de Guatemala en 1998.

Las autoridades estadounidenses afirmaban que, entre 1998 y 2000, Martínez conspiró para traficar cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos. Las pruebas recabadas por los investigadores de la DEA en Guatemala y El Salvador, situaban al ex diputado como el enlace salvadoreño encargado de proveer las lanchas de alta velocidad que recogían la cocaína en alta mar, la llevaban a bodegas en la costa de El Salvador -los ranchos Cuatro Vientos y Santa Gregoria, en el estero de Jaltepeque, además de otro en la bocana La Chepona-, donde luego era embalada y transportada en compartimientos secretos de camiones y furgones de frutas y vegetales para ser llevada a Estados Unidos, pasando por Guatemala y México.

Según los investigadores, para entonces el ex diputado ya sabía que se trataba de tráfico de cocaína y que su contraparte eran Otto Herrera, Guillermo Herrera y Byron Linares, los hombres fuertes del Cártel del Golfo, en Guatemala, a quienes identificó por medio de fotografías mostradas por los agentes de la DEA. Además, vinculó a Sabas Arias como el encargado de manejar las lanchas de alta velocidad. Martínez supervisó varios aspectos clave de la operación, incluyendo la contratación de personal, la recepción de la cocaína colombiana en El Salvador y ayudar en el embalaje de la misma. En octubre de 1998, por ejemplo, Martínez compró dos lanchas “go-fast”, las naves que viajaban desde la costa salvadoreña para recibir la cocaína de grandes buques procedentes de Colombia, y cuatro motores fuera de borda con dinero proporcionado por Otto Herrera. Además, Martínez alquiló varias propiedades para guardar los barcos y almacenar temporalmente la droga hasta que la operación estaba preparada para su transporte hacia Estados Unidos.

Además, Martínez, aprovechándose de su cargo en la Asamblea, tomó medidas para impedir que las autoridades salvadoreñas descubrieran las diferentes operaciones. Por ejemplo, según detalla la resolución de la apelación del salvadoreño, el ex diputado logró en una ocasión que un pick up que transportaba las lanchas de alta velocidad no fuera revisado por la PNC. Incluso, según escuchó el agente A.J. Collazo, el mismo Martínez aceptó su relación con Otto Herrera cuando hizo una llamada a su esposa y le dijo que había sido detenido por su asociación con el capo del Cártel del Golfo.

Pero nada de eso se sabría en El Salvador hasta mucho tiempo después. Cuando la noticia reventó escuetamente en El Salvador, el 28 de enero de 2004, se dio cuenta de que Martínez habías sido capturado en Panamá por la DEA, acusado de participar una operación de tráfico de drogas hacia Estados Unidos durante cinco años consecutivos. En total, el ex diputado había traficado 36 toneladas de cocaína, con un valor de 905 millones de dólares, entre 1999 y 2003. Por las diferentes operaciones, la PNC aseguraba que Martínez recibió pagos entre los 40 mil y los 2 millones de dólares. Entonces, los medios de comunicación contaron la historia del narcotraficante que había vivido los últimos años bajo la fachada pública de ser diputado suplente del PAN, dirigente de un equipo de primera división de fútbol, dueño de un pequeño hotel y un agresivo empresario de bienes y raíces.

Los siguientes días la información empezó a circular a cuentagotas desde la FGR hacia los medios de comunicación. ¿Las autoridades salvadoreñas sabían de las actividades ilícitas de Martínez? Sí, se tenía un expediente abierto contra el ex diputado. Desde el 19 de febrero de 2001 se tenían indicios de la participación de Martínez en una operación de drogas en la bocana La Chepona, en la Bahía de Jiquilisco, cuando dieron seguimiento a los movimientos de una narcolancha colombiana en la costa salvadoreña y encontraron trazas de cocaína, bidones de combustible, un radio y latas de refrescos colombianos. En julio de 2002, la Fiscalía había detectado una cuenta bancaria a nombre de Martínez con 57 mil dólares, cantidad que coincidía con un cargamento de 4 mil 400 kilogramos de cocaína que el Cártel del Golfo había recibido en noviembre de 2001.

No era lo único: la FGR aseguraba que Martínez alojó a narcotraficantes colombianos en dos casas ubicadas en las lotificación Bosques de Suiza, en la Costa del Sol, y Miraflores, en San Luis Talpa. Incluso, el 29 de julio de 2002, citó al ex diputado a declarar: “Mostró una actitud renuente e incluso malcriadeza. Quería dar la imagen de que tenía mucha influencia”, describió entonces el jefe de la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía, Alberto Alas Gudiel. 

El entonces presidente de la República, Francisco Flores, aludió a la gravedad del caso: “Ya cuando los narcotraficantes han logrado entrar a órganos de conducción del país, como en este caso la Asamblea Legislativa, en realidad todos debemos de preocuparnos”, dijo a la prensa. Aún así, y con todas las pruebas que se decían tener antes de su detención en Panamá, nunca se procedió a la captura de Martínez.

¿Por qué la Fiscalía no giró una orden de detención contra al diputado en El Salvador si poseía tantos indicios de su participación en una red de narcotráfico? Si alguien se lo preguntó públicamente a cualquier funcionario salvadoreño, nunca se conoció. ¿Por qué no se informó antes de la detención de Martínez? Para no entorpecer las investigaciones en curso, respondieron. ¿78 días después de su captura era el momento adecuado para hacer público el caso cuando todavía existían sospechosos fugitivos? A la luz de cómo se hizo publicitó el caso, sí.

Según publicó La Prensa Gráfica en ese momento, la Unidad Antinarcotráfico de la FGR obtuvo un testimonio clave la penúltima semana de enero de 2006. Se trataba de un miembro de la estructura criminal de Martínez y la principal prueba contra el ex legislador y su lugarteniente, Sabas David Arias Martínez. “Hay un testigo. Un testigo que es muy importante para nosotros”, dijo el jefe de la Unidad Antinarcotráfico de la FGR, Alas Gudiel. “La información que él aportó ha sido muy reciente, detalla las funciones dentro del trasiego y confirma que el señor (William Eliú) Martínez daba vigilancia a la droga.”

La autoridades salvadoreñas aseguraron que Sabas David Arias se embarcaba en altas horas de la noche para recoger la droga que transportaban narcolanchas colombianas; la llevaba a las bodegas, donde era embalada y escondida en camiones de arena o de guineos, y salía del país en un plazo no mayor a dos días. El ex diputado movió cerca de 36 toneladas de cocaína para el Cártel del Golfo, valorada en unos 900 millones de dólares entre 1998 y 2003.

“El testigo confirma que (Martínez) daba vigilancia a la droga. Confirma sus funciones dentro del trasiego de la droga y nos sirve como un elemento más específico para detenerlo”, aseguró Alas Gudiel, jefe de la Unidad Antinarcotráfico. Pero para entonces, Martínez ya estaba detenido en Estados Unidos.

Además, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del ministerio público había encontrado “operaciones sospechosas” en diferentes cuentas bancarias de Martínez y Arias. El 30 de enero, Nelson Mena, jefe de Investigación Financiera, aseguró que “pronto vamos a efectuar la medidas cautelares sobre los reportes y las cuentas bancarias”. Dos días antes, se había pedido al sistema bancario el detalle de las tarjetas de crédito, solicitud de préstamos y los movimientos de cuentas corrientes y de ahorro del ex diputado.

Producto de esta investigación de la UFI ya se sabía que Martínez tenía un contrato de una caja de seguridad en un banco y que, según dijo Mena a La Prensa Gráfica, en el transcurso de la siguiente semana se solicitaría una orden judicial  para revisar su contenido.  Además, se estaban preparando solicitudes de información bancaria del ex parlamentario en el sistema bancario de Guatemala, Panamá y Estados Unidos. Todo se había hecho en los últimos dos meses, cuando Martínez ya había sido detenido por la DEA. 

Para finales de enero de 2004, los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas se centraron en la captura del “lugarteniente” del “narcodiputado”: Sabas David Arias Martínez, quien también era mencionado en diferente documentación incautada un año atrás en una casa de Herrera. Ahí, habían incautado 115 millones de quetzales, unos 14.4 millones de dólares, y diferentes documentos. Entre ellos, según dijo entonces Alas Gudiel, existían al menos cinco comprobantes de pago a nombre de Sabas David Arias por compraventa de ganado. “Con todo esto se nos confirman los vínculos que tenían estas personas en la red de narcotráfico”, indicó el jefe fiscal a los medios de comunicación salvadoreños.

El testimonio del lanchero Sabas David Arias Martínez, quien se entregó voluntariamente a la PNC, amarró todo el caso contra Martínez. El 10 de febrero de 2004, Arias declaró que el ex diputado se reunió con Otto Herrera en El Salvador y que juntos planificaron diferentes operaciones de tráfico de cocaína por Centroamérica. “Herrera vino al país en algunas ocasiones. Eliú compró varias lanchas y aparentemente los primeros motores que puso no eran de las capacidades que se requieren para el tráfico de droga (…) En esas pruebas se pidió que se cambiaran por motores más potentes y así queda bastante amarrada esta relación”, explicó el entonces fiscal general, Belisario Artiga, a El Diario de Hoy.

En su testimonio, el lanchero también habría implicado a otros salvadoreños que colaboraban con Martínez en el tráfico de drogas. Sí era así, nunca se dio a conocer más implicados y la FGR sólo acusó por el caso al ex diputado, a Arias Martínez y a Otto Herrera.

El 16 de junio de 2005, 16 meses después de la captura del ex diputado, Arias Martínez terminó de hundir al ex diputado. Sentado en el banquillo de los testigos durante el juicio, la Corte Federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, este detalló cómo se efectuó un desembarque de droga desde un barco de bandera peruana, llamado “Santos”, a dos lanchas rápidas -Pamela 1 y Pamela 2- a 70 millas náuticas mar afuera de la costa salvadoreña en 1999. Según el lanchero, él manejaba una de las lanchas y a su lado estaba “el Ingeniero”, el capo Otto Herrera.

Del “Santos” se habían descargado entre 15 y 20 pacas de color negro, dentro de ellas estaban varios paquetes envueltos en forma de ladrillo. La descripción del embalaje concordaba con la droga incautada el 16 de marzo de 1999 en la frontera guatemalteca.

“En esta ocasión andaban Rodrigo, Quique, Pedro y alguien que le decían el ingeniero y el licenciado Eliú Martínez, más cuatro seguridades, todos armados con fusiles”, aseguró Arias, según notas de prensa publicadas durante el juicio. En ese momento, dijo que se enteró que lo que recogían en alta mar era droga y describió un diálogo entre él y Martínez.

“¿Sabe lo que hemos traído?”, le preguntó el ex diputado. “No, señor”, respondió. “Esto es cocaína”. … “Él me amenazó y me dijo que cualquier persona que sepa, ‘que cualquier persona que sepa de esto será porque usted le ha contado, y eso cuesta muy caro. Usted y su familia podrían perder la vida por eso’’”, relató Arias Martínez. Según su declaración, en dos años, él personalmente participó seis veces en operaciones en alta mar. Por su primera participación, el lanchero había ganado 50 mil colones, 5,714 dólares.

La declaración de Arias Martínez era parte de la cooperación brindada por las autoridades salvadoreñas, quienes se aseguraron de que el lanchero no fuera detenido en Estados Unidos y que fuera enjuiciado en El Salvador por tráfico de drogas y asociaciones ilícitas. A cambio de su testimonio, el imputado fue beneficiado con una reducción de su pena; salió de la cárcel con libertad condicional el 18 de junio de 2007; y para octubre de 2008 era un hombre libre.

19 meses después de su detención, el 27 de junio de 2005, el jurado encontró culpable de narcotráfico a William Eliú Martínez de conspirar para introducir, distribuir y manufacturar drogas ilícitas con destino Estados Unidos. Tres meses después, el 12 de septiembre de 2005, el juez federal Michael Mihm dio a conocer la sentencia de Martínez: 29 años de cárcel.

El juicio en Estados Unidos, donde participaron 26 testigos salvadoreños, prácticamente cerró el caso en El Salvador. El fiscal estadounidense Michael Mota dijo a La Prensa Gráfica: “Pensamos que este tipo de caso envía un mensaje de que las personas involucradas en el tráfico de grandes cantidades de cocaína a EUA deben saber que pueden ser procesadas judicialmente en este país.”

Sin embargo, ni Mota ni las autoridades salvadoreñas dijeron que si se hubiera detenido a Martínez en el Salvador, éste no hubiera sido deportado a Estados Unidos para su juicio. De ahí que el operativo para su detención incluyó el engañar a Martínez para que saliera del país  y poder capturarlo.

El mismo cable 47809 da cuenta de un porqué: “(…) El tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y El Salvador no contempla la extradición de ciudadanos salvadoreños”. El Artículo VIII del tratado es bien claro: “Bajo las estipulaciones de este Tratado, ninguna de las Partes contratantes, estará obligada a entregar sus propios ciudadanos”, una de las razones por las cuales las autoridades estadounidenses empujaban la firma de un nuevo convenio entre ambos gobiernos. Una preocupación que queda patente en otros cables girados por la embajada de Estados Unidos, como el 47774, de diciembre de 2005, y el 109638, de mayo de 2007.

Sin embargo, el caso de Martínez no sería el único en que las autoridades salvadoreñas “colaboraron” en una extradición “express” de personas buscadas por narcotráfico en Estados Unidos.  El 27 de septiembre de 2006, agentes de la DAN capturaron a Juan Daniel del Cid Morales, ex jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) y Álvaro Agustín Mejía, ex comisario de la PNC guatemalteca; y de Erik Donaire Constanza Bran, también guatemalteco, en una operación en la Gran Vía y la que públicamente manejaron como un “simulacro”. 90 minutos después del operativo, los detenidos abordaban un avión con destino a Estados Unidos, donde fueron acusados de narcotráfico y posteriormente encontrados culpables de los cargos. De ello, nunca hubo una posición oficial por parte de las autoridades policiales salvadoreñas.