Safie, el sabueso que se esfumó

En 2006, el fiscal general Félix Garrid Safie temía que el diputado Roberto Carlos Silva Pereira hubiera tratado de sobornar a varios jueces una vez la Asamblea le retiró la inmunidad parlamentaria, y anunció a la embajada estadounidense que iba a poner todos los recursos de la Fiscalía detrás de la acusación. Dos años más tarde, cuando el FBI estadounidense informó a Safie de una conversación en la que un dirigente del partido Arena parecía poner a disposición de Silva Pereira una red de corrupción en el sistema de justicia salvadoreño, el mismo fiscal general decidió que no había razones para investigar.

Los temores de Safie como fiscal general (abril 2006-abril 2009) sobre los posibles sobornos a los jueces fueron comunicados a la embajada el mismo día en que el entonces diputado suplente del PCN perdió su fuero legislativo, el 29 de noviembre de 2006. Y a pesar de los temores, la Fiscalía General optó por no capturarlo a la salida del parlamento para evitar que el acto fuera tachado como “un circo político”, según cables de la diplomacia estadounidense filtrados por WikiLeaks.

Según el cable 87668, en una conversación entre un oficial político de la sede diplomática y el ex fiscal general, el primero le había recordado que mucha gente estaría siguiendo el caso de corrupción de Silva Pereira, así como el del ex alcalde Mario Osorto, “para ver si El Salvador se toma en serio el combate a la corrupción política”. Entonces, según el documento, “Safie estuvo de acuerdo y dijo que iba a poner todos sus recursos detrás de la acusación” contra los políticos.

Lo de poner a disposición todos los recursos de la Fiscalía detrás de Silva Pereira quedó en entredicho en 2009, cuando un hilo de la investigación podía llevar a un caso de corrupción en el sistema de justicia salvadoreño. Adolfo Tórrez, entonces director departamental del partido Arena en San Salvador, había pedido a Silva Pereira 500 mil dólares a cambio de la garantía de que se desvanecieran todos los cargos que pesaban contra él. La petición constaba en la grabación de una conversación telefónica entre Tórrez y Silva Pereira, que fue echa llegar a Safie por el Consejo Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense. Después de recibir la grabación, y a diferencia del interés entusiasta que Safie había mostrado a los estadounidenses tres años atrás, esta vez, tras una consulta a Tórrez, decidió que no había por qué investigar.

Para la embajada, el sector justicia estaba en entredicho desde hacía años. “Ha habido denuncias creíbles sobre la corrupción judicial”, citabael cable 44126, a finales de 2005. Para las fuentes consultadas por la embajada, aún con todos los planes de seguridad que se habían echado a andar en los últimos años –incluyendo el “Mano dura” y el “Súper mano dura”-, las tasas nacionales de homicidios y de delincuencia en general estaban “fuera de control” y no se contaba con el apoyo del sistema judicial para reducirlas.

En octubre de 2005, la sede diplomática envió un cable clasificado confidencial bajo el título: “EL SALVADOR HOMICIDES EQUAL 2004 FIGURES/ FINGER POINTING AMONG JUSTICE SECTOR”. La misiva daba cuenta de que el número de asesinatos en los primeros nueve meses de 2005 (2 mil 717 homicidios) casi igualaba el total registrado en 2004 (2 mil 762 homicidios). Para entonces, si bien algunos interlocutores de los Estados Unidos hablaban de un fracaso de las políticas de seguridad impulsadas desde el Ejecutivo, la embajada le daba más valor al trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC), en esta materia, que a la Fiscalía y al sistema judicial en general.

En 2005, Belisario Artiga, predecesor de Safie, y Óscar Bonilla, director del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), apuntaban a carencias de personal tecnificado en instituciones como la PNC y la Fiscalía y cuestiones más de carácter normativo, como la falta de un código para el manejo de evidencias, por ejemplo. En este último punto, el cable firmado por el entonces embajador Douglas Barclay da cuenta de una de las principales deficiencias en el sistema judicial: “(…) Los jueces de primera instancia tienen demasiado margen para decidir si aceptar o desechar las pruebas que, en muchos casos, la PNC y la FGR considera perfectamente admisibles.”

Más allá, Godofredo Miranda, entonces jefe de la División Antinarcóticos de la PNC (DAN), acusó que jueces “no comprometidos o corruptos” compartían parte de la culpa de no poder llevar a buen término las investigaciones de lavado de dinero y narcotráfico en El Salvador. El mismo Rodrigo Ávila, director de la Policía, en febrero de 2006 aseguró a un oficial de la embajada que, en diferentes casos de narcomenudeo, se enviaba a los traficantes de drogas detenidos a jueces de primera instancia conocidos “para evitar que un juez corrupto o ineficaz los libere”.

En diciembre de 2005, en un borrador del informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), un documento que describía las acciones de las autoridades salvadoreñas en el combate contra el narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, Barclay destacaba las limitantes de la Policía para combatir estos delitos. Según el representante diplomático, la PNC se enfrentaba a falta de herramientas de investigación y destacaba específicamente la carencia de una ley de escuchas telefónicas, la carencia de recursos humanos y económicos y la incapacidad operativa de la Fiscalía.

“Las investigaciones se vieron reducidas por la falta de cooperación entre la FGR y la PNC”, destacaba en el cable número 47809 de la embajada. “Aunque la oficina del Fiscal General no impidió las investigaciones, su incapacidad para buscar de manera oportuna las órdenes de detención y de cateo riguroso restringieron las operaciones policiales contra el tráfico de estupefacientes”. Para la embajada, la adopción del dólar como moneda de curso legal en enero de 2001, junto al tamaño y crecimiento del sector financiero y la cantidad de remesas que se recibían en el país, hicieron de El Salvador un terreno potencialmente fértil para el lavado de dinero de narcotraficantes.

“La mayoría del lavado de dinero en El Salvador se lleva a cabo por organizaciones criminales internacionales tratando de enmascarar sus ingresos de actividades ilícitas. Estas utilizan las transferencias bancarias o de fondos desde los Estados Unidos para ocultar sus ingresos criminales como remesas legítimas a personas reales en El Salvador”, relata el cable 47808, firmado por Barclay. La sede diplomática hacía referencia que, a pesar de los reportes de la DAN y de la Drug Enforcement Administration (DEA), sólo se detuvo a una persona por lavado de dinero en 2005, el panameño Luis Alfonso Pinto Ríos. El cable también comentaba lo que le parecía desconcertante de la actuación de Artiga: “Por desgracia, la oficina del Fiscal General se negó a seguir varias pistas generadas por la detención de esta persona. Como resultado, es probable que cualquier evidencia que vincula a otras personas a esta operación ya han sido destruidas.”
 
El nombramiento de Félix Garrid Safie, el 20 de abril de 2006, pretendía ser parte de la solución a esos problemas. Para entonces, la embajada ya conocía al nuevo funcionario por ser el ex director del Centro Nacional de Registros (CNR); una persona con estudios de derecho que se había desempeñado como consultor en negocios en su práctica privada y miembro activo del partido Arena. Para el gobierno del presidente Antonio Saca, el nombramiento de Safie, junto al de Rodrigo Ávila en la dirección general de la PNC, era parte de su nueva estrategia contra la delincuencia en general. Así se lo hizo saber a la embajada.

Para entonces, la sede diplomática veía más allá del crimen común –homicidios y asaltos- y se mostraba preocupada sobremanera por el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero- y la corrupción al interior de la Policía, Fiscalía y juzgados. Con reparos sobre las actuaciones del ex fiscal Artiga, de quien creían que no había hecho lo suficiente en algunos casos específicos, las autoridades estadounidenses en El Salvador dieron un voto de confianza al nuevo fiscal general. “Después de consultar con el director de la PNC, Rodrigo Ávila, quien abogó firmemente en favor de Safie, la embajada acordó no apoyar ni oponerse a la elección de Safie”, relata el cable 71782.

El 23 de junio de 2006, la sede diplomática ofreció un almuerzo para el fiscal general, el director de la PNC, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Castaneda, y el procurador general, Marcos Gregorio Sánchez Trejo. En la reunión también estuvieron presentes la agregada del Departamento de Justicia, Stacy de la Torre, y el oficial adjunto legal del FBI en El Salvador, Leo Navarrete. Segúnel cable 70174, la conversación derivó a la situación del sector justicia "y cómo la corrupción judicial y la falta de rendición de cuentas afecta la confianza pública en el sistema”.

El mismo cable daba cuenta de al menos dos casos sonados: el del juez suplente del Tercero de Paz de Santa Tecla, Carlos Humberto Escobar, quien dejó en libertad por falta de pruebas a cinco pandilleros de la MS acusados de participar en un secuestro; y la investigación por actos arbitrarios del juez de Paz de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, Adrián Menéndez. Las declaraciones de Castaneda y Safie en la reunión daban a entender que existían más casos. El primero afirmó que la Corte “seguiría removiendo a los jueces que toman decisiones erróneas” en contra de los lineamientos de la Sala; y Safie, que "la Fiscalía tiene la intención de trabajar agresivamente con la PNC para investigar y enjuiciar a los fiscales y jueces corruptos”.

En los siguientes meses, Safie haría lo suyo siguiendo esa línea. Para julio de 2006, según relata una comunicación entre la embajada y el Departamento de Estado, “Safie se ha comprometido a investigar siete jueces cuyas sentencias recientes sugieren que sus decisiones legales fueron influenciadas por los sobornos u otros intereses”.

Públicamente, durante todo 2007 y principios de 2008, el fiscal aseguró que investigaba posibles actos de corrupción de diferentes jueces. El 25 de enero de 2008, se sentó a lado derecho del entrevistador Jorge Hernández y dijo que no se trataba de una “cacería de brujas” o de “revanchismos” contra el sistema judicial por fallos contrarios en diferentes casos, sino de “actuar en favor de la legalidad y de la institucionalidad” y no de “esconder la basura debajo de la alfombra”. Safie se refería explícitamente a la solicitud de investigación de cinco jueces, ninguno ligado al caso Roberto Carlos Silva Pereira o Adolfo Tórrez.

Durante todo ese período, el procesar a un diputado por lavado de dinero y soborno representaba la mayor prueba de que las autoridades salvadoreñas combatían los delitos de cuello blanco y de corrupción política. La misma embajada lo vio así en  noviembre de 2006: “La decisión de la Asamblea Legislativa de despojar de sus privilegios a uno de los suyos es un paso histórico, más cuando ningún miembro de la Asamblea en su historia reciente, incluso en los casos más graves de mala conducta criminal, se les ha quitado la inmunidad”. Por ello, la sede diplomática dio especial seguimiento al caso desde el primer momento.

El 27 de septiembre de 2006,  después de que la Fiscalía detuvo a Nora Emely Parada de Silva, esposa del diputado, y a la suegra de este, la embajada envió un cable a los departamentos de Estado y Hacienda en Washington D.C., reseñando el caso. Según sus fuentes, desde cuando Silva Pereira asumió en marzo de ese año como diputado suplente del PCN -sin sueldo como tal- compró dos vehículos, una camioneta Porsche y un Maserati, dos propiedades de lujo frente a la playa, una mansión en San Salvador y un yate. Los movimientos bancarios de la esposa y la suegra de Silva, María del Carmen Ortiz Herrera, realizado por la gestión de Óscar Mauricio Contreras, subgerente del Banco Hipotecario en Usulután, pusieron al descubierto las operaciones irregulares de Silva Pereira y el pago de sobornos a funcionarios de al menos 14 municipios para hacerse de licitaciones de infraestructura pública.

“Ni la embajada ni las agencias policiales locales indican que se posee pruebas concluyentes de la vinculación de Silva con el narcotráfico. A pesar de ello, se ajusta al perfil. Él es diputado de La Unión, departamento que cuenta con una vasta línea costera del Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca, y el mismo de donde salió el ex diputado Eliú Martínez, quien fue deportado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico”, relató el embajador Barclay.

El caso de Eliú Martínez aparece mencionado como "deportación" en este cable. La información pública oficial hasta ahora ha dicho que el ex legislador viajó por su cuenta a Panamá, donde fue detenido y de ahí llevado a Estados Unidos. Pero otros cables sugieren con claridad no solo la participación de autoridades salvadoreñas en una operación para trasladarlo a dicho país, sino que hasta se menciona la palabra "extradición".

La embajada aplaudió cuando la Asamblea Legislativa quitó la inmunidad a Silva Pereira, el 29 de noviembre de 2006. “En este caso, la Asamblea Nacional decidió enviar un fuerte mensaje contra la impunidad y la corrupción a pesar de que la evidencia descubierta en el juicio Silva probablemente conducirá a futuros procesos contra alcaldes actuales y pasados de Arena, FMLN y PCN”, destacó la sede diplomática. “La verdadera prueba para el sistema judicial salvadoreño será si Silva, quien es considerado culpable más allá de una duda razonable por todos los interlocutores de la Embajada, es condenado o no”.

Pero el sistema judicial, en la práctica, no fue puesto a prueba. Para entonces, Safie aseguraba que se tenía un “caso muy sólido” contra el ex diputado y, a pesar de sus temores porque pudiera “haber tratado de sobornar a varios jueces”, no logró que este fuera puesto en cárcel preventiva. Ya sin inmunidad, Silva Pereira se mantuvo en libertad a la espera de la audiencia inicial, programada para el 22 de enero de 2007. Silva Pereira nunca se presentó al juzgado, aduciendo que estaba enfermo.

Tres días después, cuando la Cámara Primera de lo Penal pidió la detención provisional sin posibilidad de libertad condicional para el ex diputado, este ya se había fugado de su residencia en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Mientras la PNC y la FGR se debatían entre acusaciones mutuas por el escape del ex diputado, poco se habló de investigar por qué la orden de captura llegó a manos de la policía 18 horas después de que esta se divulgara públicamente a los medios de comunicación.

Para el 6 de junio de 2009, cuando se cerró definitivamente el caso por la muerte de Torrez, todo el expediente consistía en una transcripción de la llamada, su entrevista, un análisis de las publicaciones de El Faro sobre todo el caso, la solicitud de bitácoras de llamadas de su teléfono, la solicitud de DUI y la certificación de su partida de defunción. Los últimos dos elementos, solicitados cuando Safie ya había dejado su cargo.

Públicamente nunca se dijo una palabra de si existió una investigación sobre el procedimiento realizado por los juzgados o si se filtró información que permitiera al ex diputado escapar de las autoridades. Mucho menos se supo si los temores del ex fiscal general tenían fundamento. A pesar de ello, sí se sabe que, el 2 de abril de 2008, Safie recibió de manos del asistente legal del FBI en El Salvador, Leo Navarrete, un audio en donde se escuchaba a Adolfo Tórrez tasar en medio millón de dólares la liberación de los cargos penales contra Silva Pereira y su esposa, acusados de lavar dinero y de sobornar funcionarios públicos de al menos 14 alcaldías.

El audio era una copia magnetofónica de una llamada realizada el 20 de marzo de 2008. En ella, Silva Pereira, recluido en el centro de detención federal Pinal County, en Florence, Arizona, preguntaba a Adolfo Tórrez cuánto costaría que se limpiara su expediente y el de su esposa. “Con medio melón se van los dos”, dijo el director departamental de Arena, explicando que tenía contactos con jueces, magistrados y hasta fiscales.

Para el 7 de mayo de 2008, cuestionado por el mismo Navarrete, el fiscal general comunicó que su oficina había hecho indagaciones alrededor del audio y que por eso había entrevistado a Tórrez. A partir de eso, Safie aseguró al asistente legal del FBI que no había indicios para seguir investigando. La grabación y la entrevista con Tórrez se ficharon en el expediente 94-BIS-UADC-2008 y se pusieron en el estante de los casos por “sobreaveriguar”, a la espera que aparecieran más indicios para continuar con una posible investigación. Todo se cerró definitivamente en junio de 2009, tras la muerte del ex director departamental.

Para muchos, que Safie no investigara una posible ayuda de Tórrez a Silva Pereira, supuesto autor intelectual del asesinato de tres diputados de Arena en Guatemala en 2007, le pasó factura a la hora de intentar su reelección. Según él, sí se investigó: entrevistó a Tórrez, en calidad de testigo. Y, como el FBI no le dio más elementos de prueba, decidió que el caso no podía seguirse investigando mientras alguien no le presentara alguna otra posible evidencia.

En febrero de 2011, a petición de la Asamblea Legislativa, se conoció públicamente la investigación realizada por el Ministerio Público: el 4 de abril de 2008, Safie envió a la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos de la Fiscalía un memorando y una cinta magnetofónica –“entregada extraoficialmente”, decía el documento y sin hacer referencia a Navarrete-; el 21 de abril, se ordenó la transcripción de la grabación; y para el 7 de mayo, el mismo día que Safie le dice al asistente legal del FBI que no hay nada que investigar alrededor del audio, se entrevista a Tórrez, quien llegó solicitando ser entrevistado.

Ese mismo día, los fiscales contra el crimen organizado de la Fiscalía dictaminaron que “no se podía determinar la existencia de ilícito alguno, así como la inexistencia de otra línea de investigación que condujese a establecer que de la conversación se identificaban acciones delictivas”. ¿Se hizo una segunda entrevista con Tórrez? No. ¿Se investigó, toda vez que en la grabación se hablaba de al menos una comunicación anterior, la bitácora de llamadas del celular del dirigente arenero? No, hasta después del 21 de abril de 2009.

En cambio, en lugar de jalar ese hilo que podía llevar a un caso de corrupción judicial, Safie cerró el caso. Cinco meses después, la Fiscalía apoyó a Tórrez para que recuperara un vehículo de su empresa de seguridad que había sido retenido por la Policía Nacional Civil porque en él se transportaba una prófuga de la justicia.