Cruce de señalamientos de corrupción y negligencia contra Fiscal, director de PNC y Saca

Nadie creía en nadie. A finales de 2005, mientras el número de homicidios crecía y las encuestas colocaban la inseguridad como la principal preocupación de los salvadoreños, los principales actores de la lucha contra el crimen en el país se echaban la culpa unos a otros y ventilaban ante diplomáticos estadounidenses los trapos sucios de un gabinete desbordado por las circunstancias e incapaz de hallar soluciones. Un cable confidencial del 14 de octubre de aquel año, firmado por el entonces embajador estadounidense Douglas Barclay, recoge un cruce de acusaciones y denuncias en el que la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y el presidente Antonio Saca quedan bajo sospechas de corrupción y negligencia.

El cable diplomático comienza por detallar que en los primeros nueve meses de 2005 ya casi se había superado la cifra de homicidios de 2004, y enumera las acciones anunciadas por el entonces ministro de Seguridad, René Figueroa, para mejorar la situación, como la creación de la División de Investigación de Homicidios (Diho) o el nombramiento de José Luis Tobar Prieto al frente de la División de Investigaciones, cambios que la embajada calificó de “modestos”. Las entrevistas que el cable relata a continuación mostraban, sin embargo, el nivel de descomposición del entramado institucional encargado en aquel momento de la lucha anticriminal.

Óscar Bonilla, que ocupaba el cargo de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), y a quien Barclay presentó como uno de los más valiosos informantes de la embajada al tiempo que “amigo personal” del presidente Saca, comenzó por desnudar ante los funcionarios norteamericanos la estrategia gubernamental de culpar a las pandillas de la mayoría de homicidios registrados en El Salvador. “No más del 30% de los homicidios son cometidos por las maras”, aseguró Bonilla, en referencia a las declaraciones oficiales de aquellos días, que atribuían a las pandillas juveniles el 90% de los crímenes. “Pero la Policía y algunos altos funcionarios del gobierno hacen esa declaración para evitar críticas al desempeño del Ejecutivo”.

Según Bonilla, fallecido en diciembre de 2010 y a quien por años se atribuyeron vínculos con el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), a finales de 2005 la mayoría de los homicidios en el país eran cometidos “por y entre organizaciones criminales tradicionales, generalmente relacionadas con el tráfico de drogas”. El funcionario tuvo también palabras críticas hacia la Policía y especialmente hacia la Fiscalía en manos de Belisario Artiga, de quien dijo que había logrado “pocos resultados en seis años en el puesto”. Preguntado si había compartido esa información con el presidente Saca, Bonilla respondió afirmativamente.

El Fiscal pasivo

Además, Bonilla no fue el único en cargar contra el fiscal general en sus reuniones con la embajada. En un encuentro celebrado dos semanas antes y reseñado en el mismo cable, Godofredo Miranda, entonces jefe de la División Antinarcóticos de la PNC, había acusado a Artiga de “falta de cooperación en investigaciones antinarcóticos y de lavado de dinero”.

Miranda, que en diciembre de 2008 fue relevado de su cargo en medio de sospechas por su posible implicación en la fuga del presunto narcotraficante Reynerio Flores Lazo (líder de la banda de Los Perrones) durante un operativo policial para capturarlo, acusaba en 2005 a Artiga de “falta de compromiso y liderazgo” y de “frenar casos” impulsados por la Policía en la lucha contra el lavado de dinero.

Independientemente de las dudas sobre la motivación de Miranda para hacerlas, sus críticas frente a los estadounidenses cayeron en terreno fértil. En un cable enviado el 13 de octubre y dedicados a planes de acción  contra el financiamiento del terrorismo, la embajada hizo suyas las palabras del jefe policial y denunció ante Washington la “notable falta de iniciativa de la Fiscalía General para investigar lavado de dinero”, lo que podía, según Barclay, lastrar investigaciones de financiamiento del terrorismo. En esa misma línea, el Departamento de Estado acabaría incluyendo cuestionamientos a la capacidad de coordinación entre instituciones y fuertes críticas a la pasividad de la Fiscalía en su reporte anual de 2006, en el que lamentó que en 2005 se hiciera una sola detención por lavado de dinero en El Salvador (la del panameño Luis Fernando Punto Ríos, acusado de lavar dinero a través de remesas), y acusó a la FGR de “declinar seguir la investigación de varias pistas” generadas a raíz de esa detención.

Un jefe de la PNC corrupto

Finalmente, la opinión de Artiga también aparece en el cable del 14 de octubre, y completa el cerrado mapa de desconfianzas y críticas cruzadas entre funcionarios e instituciones. Sus ataques se dirigen a la Policía: frente a diplomáticos estadounidenses, el Fiscal General acusó explícitamente al entonces director de la PNC, Ricardo Menesses, de “ser corrupto y enriquecerse personalmente a través de su puesto al frente de la Policía”.

“Como mínimo, debería ser destituido”, afirmó Artiga, que sin embargo nunca acusó en público desde su posición de fiscal a Menesses ni abrió un expediente formal de investigación en su contra. El fiscal general denunció también ante la embajada norteamericana que la Policía “impulsaba o frenaba ciertas investigaciones basada en motivos políticos, y no en los méritos del caso”, y acusaba a la PNC de haber ocultado “información vital” a los medios de comunicación relacionada con “una reciente investigación de lavado de dinero”, probablemente en referencia al citado caso de Punto Ríos.

La posible contaminación de las estrategias anticriminales con intereses políticos no pareció sorprender a los funcionarios estadounidenses, que de hecho, en su conclusión final respecto a la crisis de seguridad en el país escriben: “Con unas importantes elecciones por delante, en marzo de 2006, Saca y Arena saben que necesitan dar respuesta a esta espiral de índices criminales (…) pero precisamente por estar tan cerca las elecciones Saca se resistirá a efectuar grandes cambios por temor a crear una controversia que el FMLN y otros partidos de oposición puedan usar en la campaña”.