Funes y su esposa denunciaron a EUA que gobierno de Saca los perseguía
Rodrigo Baires Quezada
Publicado el 13 de Junio de 2011
La esposa del candidato presidencial, Vanda Pignato, dijo a oficiales de la embajada que su esposo y ella eran perseguidos por el Ministerio de Seguridad Pública del gobierno de Saca. El mismo candidato y el grupo "Amigos de Mauricio" repitieron los mismos temores en varias ocasiones, y Estados Unidos usualmente encontraba poco creíbles las versiones.
En plena campaña presidencial, el entonces candidato Mauricio Funes y sus colaboradores acusaron al gobierno de Antonio Saca y “grupos” dentro de Arena de acosarlos y de tener intervenidas sus comunicaciones. Sus temores llegaban hasta la suposición de que peligraba la integridad física de Funes y, aunque eventualmente harían públicas las amenazas, primero se lo hicieron saber a la embajada de Estados Unidos.
Durante una reunión con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, el 26 de agosto de 2008, Mauricio Funes y su esposa Vanda Pignato se quejaron de ser “acosados por el Ministerio de Seguridad Pública”, según relata el cable interno número 167964 de la sede diplomática.
En el punto cinco del texto, firmado por Robert Blau, la embajada relata que Funes creía que “sus teléfonos están intervenidos y que sus movimientos están siendo monitoreados por el gobierno de El Salvador”, en referencia a la gestión del ex presidente Antonio Saca. Meses después, el mismo Funes diría lo mismo pero refiriéndose a funcionarios de su mismo gobierno pertenecientes al partido FMLN.
La esposa del entonces candidato aseguró que había denunciado a través del gobierno de Brasil que vehículos del Ministerio de Seguridad Pública la habían seguido, que los ocupantes de los mismos le habían mostrado sus armas y la habían fotografiado. “Ella dijo que esto era parte de una campaña para pintarla como una primera dama potencialmente peligrosa, incluyendo en ella rumores de que era una creyente de la santería”, dice el cable.
Las acusaciones fueron hechas en una reunión en la que se trataron otros puntos, como la votación de la ley de intervención telefónica y las posibles relaciones diplomáticas de un gobierno de Funes con La Habana y Caracas. Sobre estas, la embajada no hizo ningún pronunciamiento. Con el tiempo, Pignato reveló estas amenazas al periódico Folha, de Brasil, en una entrevista publicada el 21 de marzo de 2009, una semana después de que Funes ganara la elección.
Unos días después de aquella reunión, representantes del grupo “Amigos de Mauricio” se reunieron con consejeros políticos y económicos de la sede diplomática, a petición de los primeros, para hablar sobre tema. El 29 de agosto, el encargado de negocios de la embajada Robert Blau firmó un cable confidencial dirigido al Departamento de Estado, bajo el título de “Amigos de Funes reportan acoso, temen violencia”, y que retomaba lo hablado en el encuentro anterior.
Según el cable, “el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, presuntamente estaba experimentando acoso y temía que se intensificaran a medida que se acercan las elecciones de marzo”. Además, los promotores de la candidatura de Funes –Alexánder Segovia, Gerardo Cáceres, Miguel Menéndez y David Munguía Payés- “afirmaron que no podían descartar la posibilidad de la violencia contra sí mismos o incluso contra el candidato del FMLN”. La embajada adelantó que se encontraba en “modo de escucha” y que aún no había visto ningún incidente confirmado de violencia relacionada con las elecciones.
Para los “Amigos de Mauricio”, a meses del inicio oficial de la campaña electoral, el grupo sabía que se podía recrudecer la campaña sucia contra el candidato pero que “estaban preocupados por las crecientes amenazas que sufrían”. Según relataron a los oficiales de la embajada, sus teléfonos fueron intervenidos, ellos y sus familiares eran perseguidos “por grupos de hombres armados que creen estar asociados con las fuerzas policiales” y que sus negocios habían sido “sometidos a inspecciones en serie por un número de agencias gubernamentales”, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y los ministerios de Salud, Trabajo y Hacienda.
Sin embargo, el mayor temor era que estos “grupos”, a los cuales no identificaban, podían intensificar su presión e “incluso hacer un atentado contra la vida de Funes”. Según el cable, los “Amigos de Funes” aseguraron tener información “creíble” de una variedad de fuentes sobre el hecho de que algunos grupos al interior de Arena podrían reactivar a “los escuadrones de la muerte que existieron durante la guerra civil salvadoreña”.
La embajada desestimó las acusaciones por falta de pruebas y determinó que respondería ante las acusaciones de violencia y acoso relacionadas con las elecciones “cuando se presenten pruebas que confirmen que realmente están ocurriendo”.
Munguía Payés volvió a tocar el tema durante una reunión con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Kirsten Madison, a principios de octubre de 2008. El militar habría dicho a Madison que estaba preocupado por “la delicada situación de seguridad personal de Funes”; adelantó que el FMLN estaba tomando medidas, pero dijo “que los Estados Unidos podría ayudar proporcionando información e inteligencia”.
Según indicó Munguía Payés, el FMLN tenía información de que personas individuales de la derecha habían declarado que no permitirían que Funes ganara. “Hay gente en la extrema derecha que no aceptaría un cambio de gobierno y podrían tomar una mala decisión”, aseguró el militar, quien creía que la errónea suposición de que el FMLN buscaría derogar la Ley de Amnistía también planteaba un riesgo para la seguridad personal del candidato.
La embajada no lo creía. El cable, también firmado por el encargado de negocios Robert Blau, tenía un comentario inserto entre las declaraciones de Munguía Payes: “Comentario: No encontramos particularmente creíbles estas denuncias. Fin del comentario”.