Embajada de EUA trató de detener el golpe de Estado contra Zelaya

Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras, lo tomó como una deferencia. Llamaba para informar que se votaría en el pleno la destitución del presidente hondureño Manuel “Mel” Zelaya. Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos, tomó la llamada como una advertencia de que se pondría en peligro el orden constitucional de este país centroamericano y abogó ante Micheletti porque se frenara toda acción del Congreso en ese sentido.

La recomendación hecha por Llorens es parte de lo relatado por el embajador en el cable 214237, catalogado como “Confidencial” y girado a Washington D.C. a las 8:11 de la mañana del 26 de junio de 2009. Según relata el embajador, quien firma la correspondencia, “la noche del 25 de junio, el Congreso Nacional estuvo a punto de llevar a votación la destitución del presidente Zelaya”. La acción fue tildada por Llorens como “precipitada” porque podría “sumir a Honduras en una profunda crisis constitucional”.

Según el cable, Micheletti llamó a Llorens “para informarle que, con el fuerte apoyo de los partidos políticos de Honduras (incluyendo los dos grandes partidos, Liberal y Nacional), el Congreso Nacional ha iniciado un debate formal que considera refmover al presidente Zelaya de su cargo”. Para ello, Micheletti aseguró que el Congreso revisaría y deliberaría sobre violaciones legales cometidas por Zelaya y su gobierno durante su mandato, iniciando con la remoción del jefe de las Fuerzas Armadas Honduras, Romeo Vásquez, acción que había sido “el catalizador” para que el Congreso tomara esta decisión.

La destitución de Vásquez, el 24 de junio, había acelerado todo un proceso que la embajada había intentado frenar durante todo junio de 2009, mes en que había iniciado conversaciones con diferentes actores políticos y militares de Honduras. Incluso, Llorens desayunó el 18 de junio con Romeo Vásquez y Miguel García Padgett, jefe del ejército. El embajador tenía como misión dar a conocer, en los términos más enérgicos, las preocupaciones de su gobierno “sobre los rumores de que los militares se moverían en contra del gobierno (de Zelaya) si los políticos de Honduras no llegaban a un consenso sobre la legalidad de la votación” para destituirlo. Según el cable 212871, el embajador dijo a los dos jefes militares que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional condenarían cualquier movimiento inconstitucional contra Zelaya y que hacerlo representaría un retraso de varios años para la institución castrense.

En el resumen de la epístola, Vásquez aseguró al embajador “que los militares no harían ningún movimiento en contra del gobierno, a pesar de admitir que había amenazado en privado con hacerlo con el fin de ejercer presión sobre los políticos para que llegaran a un consenso”. Con anterioridad, “los líderes militares han dicho, tanto a políticos de alto nivel de los dos partidos políticos más importantes de Honduras, que si no se encuentra una resolución tal vez tengan que tomar medidas no especificadas contra el gobierno de Zelaya”.

Según este cable, se había recibido información de altos oficiales militares de que se consideraba “la creación de una junta administrativa hasta que se celebren las elecciones para un nuevo presidente y para el Congreso, en diciembre”. Vásquez admitió al embajador que las amenazas se hicieron pero dijo que su objetivo era forzar a los políticos a que llegaran a un acuerdo.

El acuerdo nunca llegó y el 25 de junio, desde el Congreso Nacional, los partidos empezaron a mover los hilos de una posible destitución. Para cuando Micheletti se comunicó con Llorens, la “decisión” del Congreso Nacional ya era de dominio público de otros actores políticos de Honduras. Ese mismo día, en horas de la tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, dijo el embajador que “estaba extremadamente preocupado acerca de las acciones planificadas del Congreso contra el presidente”. El titular de la Corte le adelantó que diferentes líderes del Congreso se le había acercado y discutido sus planes para remover a Zelaya de su cargo. Él, aseguró a Llorens, aconsejó no realizar dicha acción porque era ilegal.

Bajo las leyes hondureñas, desde 2005 -cuando se derogó la Ley de juicio político-, el Congreso Nacional no tiene la potestad de remover al presidente de su puesto. El mismo Rivera Avilés se lo explicó a Llorens: “En la actualidad, el único medio para remover a un presidente es a través de la presentación de un caso criminal por el Ministerio Público (Fiscal General) ante la Corte Suprema. En tales circunstancias, la Corte nombrará a un magistrado para conocer del asunto. Una sentencia del juez representa el único medio legal para separarlo de su oficina.”

En ese sentido, el único camino que quedaba era esperar que Zelaya insistiera en realizar el plebiscito, una acción que un juez ya había declarado ilegal y, tras cometer un delito, perseguirlo penalmente.

Micheletti parece que no conocía las leyes a las que hizo referencia Rivera Avilés y, ya en horas de la noche, aseguró al embajador que “creía que tenía los votos necesarios para tomar esta medida definitiva (la remoción de su cargo) contra el presidente” y que buscaba que “Estados Unidos estuviera informado de las deliberaciones del Congreso y de la probable acción” a tomar.

La posición de Llorens, a la luz de los cables revelados por WikiLeaks, fue la de tratar de evitar un choque entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en Honduras. El embajador respondió que la opinión de la sede diplomática era que la acción “parecía totalmente prematura, era peligrosa y podría precipitar una grave crisis constitucional en Honduras con resultados inciertos”; y adelantó que cualquier medida del Congreso en contra de un presidente electo democráticamente “podría ser vista de una manera muy crítica por muchos en la comunidad internacional”.

Micheletti defendió su postura y respondió que Zelaya estaba empeñado en derrocar al sistema democrático hondureño, que ese mismo día había amenazado con cerrar el Congreso y ponerlo a él en la cárcel. “Micheletti apreció los consejos honestos del embajador, pero consideraba que el momento de tomar la decisión había llegado”, relata el cable.

El embajador estadounidense era consciente de los problemas para llegar a acuerdos entre Zelaya y sus opositores. Él mismo había organizado cuatro reuniones –el 17, 19, 20 y 22 de junio- en su residencia para tratar que el presidente se pusiera de acuerdo con los líderes del Partido Liberal y formar un consenso sobre la consulta del 28 de junio. El mismo 25 de junio, Llorens daba cuenta en el cable 214001 al Departamento de Estado en Washington D.C. que había “instado a Zelaya acancelar los comicios y alentado a otros líderes políticos y militares para mantener la calma”. A pesar de ello y tras las reuniones, la embajada tenía claro que Zelaya no estaba dispuesto a ceder ante sus opositores aun cuando la consulta del 28 de junio hubiera sido declarada ilegal.

Tras la comunicación de Micheletti, Llorens llamó al candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, y al ex presidente hondureño Carlos Flores. Para ambos, según se lee en el cable, la decisión del Congreso era “irracional” pero concordaban en que el deseo de Zelaya de llevar a cabo la encuesta del 28 de junio y remover a Vásquez había alterado los ánimos de algunos congresistas.

“Más tarde esa noche nos enteramos de que, tras las consultas privadas entre los líderes de las distintas partes y de los partidos, se alcanzó un acuerdo para evitar una votación sobre si se debía remover al presidente”, reza el cable. En su lugar, los congresistas votaron para iniciar investigaciones formales contra Zelaya por actos de corrupción.

En una entrevista concedida ayer, 30 de mayo, al medio estadounidense Democracy Now!, el mismo Manuel Zelaya comenta estos cables obtenidos por WikiLeaks y reconoce que el embajador Hugo Llorens trabajó para impedir el golpe del 25 de junio, y trató de frenar el del 28. Aunque asegura que "cuando vio que no podía, se hizo a un lado". "No sé si con órdenes del Departamento de Estado", dice Zelaya, que atribuye a otras instancias políticas estadounidenses, ajenas a la embajada, una fuerte responsabilidad en el golpe de Estado. 

Como mínimo, Llorens hizo una mala la lectura de cómo terminaron los acontecimientos de ese 25 de junio de 2009. “Afortunadamente, la decisión de los líderes del Congreso para retirarse del borde de una crisis constitucional proporciona un alivio que se espera que puedan ayudar a aliviar las tensiones”, se lee en el comentario de su cable del 26 de junio. Dos días después, Zelaya amanecía en San José, Costa Rica, después de haber sido sacado por la fuerza de Honduras por elementos de ejército. Ese mismo día, Micheletti asumía como presidente de facto en una sesión en la que el secretario del Congreso leyó una supuesta carta de renuncia de Zelaya, cuya autenticidad fue negada inmediatamente por el derrocado.

Micheletti y los otros implicados en el golpe siempre negaron que hubiera alguna conspiración. Por eso hablaban de "sucesión constitucional" producto de que había una orden judicial de captura contra el mandatario, algo que ahora, a la luz de los cables de WikiLeaks, queda como un argumento falso.