Embajada evitó dejar la Ley de ética en manos de la Corte de Cuentas

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador celebró por partida doble el 25 de abril de 2006 la aprobación de la Ley de ética gubernamental. La votación por unanimidad de los disputados culminó cinco años de trabajo de la oficina diplomática en lucha contra la corrupción; y, a última hora, la embajada se había movido con habilidad para frenar los planes de Arena y PCN de dejar la titularidad de la ley en manos de la Corte de Cuentas, ya bajo el control del magistrado presidente Hernán Contreras desde 2002.

Según describe el cable 62714, firmado por Douglas Barclay y enviado al departamento de Estado, la mayor parte de los partidos políticos, incluyendo a Arena, mostraban poco interés en la aprobación de la normativa a finales de marzo de 2006. Según el entonces titular de la embajada estadounidense, fue esta oficina diplomática la que hizo lobby entre los institutos políticos y los medios de comunicación para empujar su aprobación en el parlamento. “El día de la aprobación de la ley, sin embargo, la Embajada se enteró de que los partidos PCN y Arena pretendían diluir la eficacia de la ley colocándola bajo la supervisión de la poco confiable y tal vez corrupta Corte de Cuentas”, relata.

El cable, fechado el 3 de mayo de 2006 y clasificado como confidencial, describe que la embajada cabildeó de “última hora” para convencer finalmente a los dirigentes de Arena y PCN que “la aprobación de su ‘alternativa’ al proyecto de ley dañaba la imagen de El Salvador.” Para ello, la embajada contó con el apoyo del CD, FDR y PDC, quienes integraban el G-13 y podían entrampar las últimas decisiones legislativas del periodo 2003-2006.

El interés de Estados Unidos en la adopción de una ley de ética gubernamental databa de 1998, cuando el gobierno salvadoreño adquirió fondos estadounidenses para la reconstrucción del país tras la tormenta tropical Mitch.

Dos años después, en 2000, el gobierno de Francisco Flores firmó un acuerdo bilateral contra la corrupción y Estados Unidos asignó 350 mil dólares a ser invertidos en la elaboración de un código de ética para todos los empleados públicos y el establecimiento de una oficina encargada de velar por el cumplimiento del mismo. Para entonces, El Salvador tenía 12 años de haber ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción y no había adoptado ningún tipo de leyes nacionales para hacerla valer.

Fue Francisco Flores, presidente de la República entre 1999 y 2004, quien pensó que se necesitaba una institución independiente para hacer valer un código de ética gubernamental. Entonces, según relata el cable, sonaba lógico que esta función recayera en la Corte de Cuentas. Tan lógico sonaba que la misma USAID “proporcionó posteriormente la asistencia técnica a la Corte de Cuentas para examinar el proyecto de ley y realizar las modificaciones necesarias para adaptarla a su propio marco jurídico interno”.

En marzo 2003, un borrador de la ley salió de la Corte de Cuentas hacia la comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, donde pasó al olvido. Tendrían que pasar dos años más para que el anteproyecto volviera a ser estudiado –según el cable de la Embajada, con su “apoyo”- y llevado a estudio a una nueva subcomisión ad-hoc para elaborar un proyecto de ley de ética más amplio. Para entonces, lo de dejar la nueva normativa en manos de la Corte de Cuenteas, lo que a principios de la década parecía lógico, perdió validez y la institución quedó al margen de la ley. Y así llegaría al pleno la última sesión del periodo legislativo 2003-2006.

Según dice el documento, tras cinco años de esfuerzo –“a menudo frustrante”, relata el cable- de parte la embajada de Estados Unidos en el país, la Asamblea “aprobó por unanimidad una ley de ética integral y sólida para supervisar la conducta de los empleados del sector público en todas las ramas de gobierno”. No fue fácil. El cable describe como “la embajada se enteró de un plan de última hora de los diputados de Arena y PCN, sus aliados de centro derecha, para sustituir la legislación por una alterna en la que pusieron la supervisión del cumplimiento de la Ley de ética gubernamental en la desacreditada Corte de Cuentas”.

Para ello, la Embajada contó con el apoyo del Frente Democrático Revolucionario (FRD), Cambio Democrático (CD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Julio Hernández, de FDR; Héctor Silva, de CD; y, Rodolfo Párker, de PDC, fueron especialmente útiles en el logro de este objetivo”, relata el documento. Según el cable, el FDR y PDC se negaron a apoyar la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta que el proyecto de la ley de ética se aprobó.