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Militares capturaron a Zelaya sin tener una orden judicial

José Luis Sanz

El fiscal de Honduras confesó a la embajada de Estados Unidos el mismo día del golpe de Estado que nunca emitió la orden de captura que en teoría movilizó a los militares contra Manuel Zelaya. En los cables también se hace patente que el golpe se fraguó en el Congreso hondureño y que el presidente de la Corte Suprema consideraba una ilegalidad la posible destitución.

Embajada de EUA trató de detener el golpe de Estado contra Zelaya

Rodrigo Baires Quezada

Micheletti, que siempre negó ser golpista, informó a la embajada estadounidense que buscaba sacar de la presidencia a  Zelaya, tres días antes del golpe de Estado. El embajador estadounidense instó al presidente del Congreso Nacional hondureño a evitar poner en riesgo el orden constitucional de Honduras e hizo gestiones para evitar un choque de poderes.

Ejército hondureño aceptaba un retorno condicionado de Zelaya

Jimena Aguilar

Menos de tres semanas después del golpe, los militares temían que los políticos que habían fraguado el golpe los dejaran solos. Por eso consideraban la posibilidad de apoyar un retorno condicionado de Zelaya, y confesaron a la embajada estadounidense su convicción de que "habían sido manipulados por todas las partes" para derrocar al presidente.

Hernán Contreras "encubrió" corrupción en caso ANDA

Rodrigo Baires Quezada

La embajada de Estados Unidos consideraba que la Corte de Cuentas tiene más poder que la Fiscalía, que lo utiliza para no cumplir con sus funciones. Fuentes de la sede diplomática dieron detalles de cómo Contreras no actuó en casos como los malos manejos del ex presidente de ANDA, Carlos Perla, y encubrieron al ex presidente Francisco Flores, quien estaba al tanto de las malversaciones, según la embajada.

Embajada evitó dejar la Ley de ética en manos de la Corte de Cuentas

Rodrigo Baires Quezada

Arena y PCN querían dejar la titularidad de la Ley de ética gubernamental en manos de la Corte de Cuentas. La embajada de Estados Unidos hizo lobby entre los partidos políticos para evitar que la normativa, en sus palabras, quedara bajo una institución “poco confiable y tal vez corrupta”.

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