Derecha planeó tomar control de Corte Suprema si Funes ganaba

A mediados de 2008, dos meses después de la selección de Rodrigo Ávila como candidato a la presidencia, parte de Arena ya casi daba por perdida la elección de 2009 y comenzó a estructurar lo que un grupo de políticos y empresarios llamó “un plan B”, una estrategia para impedir que un posible gobierno del FMLN pudiera tener control de los tres poderes del Estado y minar la institucionalidad del país. Evitar que el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador instrumentalizara a la Fuerza Armada era otro de los objetivos del plan.

Un cable de la embajada de Estados Unidos en San Salvador fechado el 14 de julio de 2008 y firmado por el embajador Charles L. Glazer detalla una entrevista de funcionarios estadounidenses con uno de los firmantes de los acuerdos de paz por parte de la guerrilla del FMLN, Salvador Samayoa, en la que este compartió los puntos esenciales de ese plan B y el nombre de algunas de las personas que lo respaldaban.

Samayoa, según el cable, narró una reunión celebrada a finales de junio y a la que él asistió junto a empresarios y operadores políticos de derecha e izquierda que temían los efectos de un gobierno del FMLN. En la cita, convocada y liderada por los ex presidentes de la república Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores (que no acudió pero envió a un representante), estuvieron también los empresarios Roberto Murray Meza, Ricardo Poma y Arturo (sic) Sagrera. Todos ellos coincidieron, según Samayoa, en la necesidad de “salvar El Salvador” en el caso de que Funes ganara la presidencia. En esa reunion, Cristiani dijo en repetidas ocasiones que tenía “serias dudas de la capacidad de Ávila para ganar la elección”, aunque debían hacer todo lo posible para lograr su victoria.

Samayoa, que aparece citado como fuente en otros cables relacionados con el caso jesuitas y el caso Romero, criticó ante los diplomáticos de la embajada al gobierno de Antonio Saca, que según él había manipulado “de forma arbitraria ministerios y otras instituciones de gobierno, incluida la Fiscalía General de la República” (a cargo entonces de Félix Garrid Safie) para lograr fines políticos personales y “satisfacer los deseos de sus aliados políticos dentro y fuera del gobierno”. Para impedir que el posible gobierno de Mauricio Funes hiciera lo mismo, algo que consideraban peligroso para la institucionalidad y estabilidad del país, los impulsores del plan B pretendían, entre otras cosas, trabajar para garantizar la paridad en la Asamblea Legislativa que se elegiría el 18 de enero de 2009 y que se mantendría hasta 2012. Aunque en la conversación no se detalló cómo, los ex presidentes querían también tratar de garantizar la independencia de la Fuerza Armada si la ex guerrilla llegaba al poder.

“Un gobierno de Funes estaría encantado de heredar una estructura de gobierno indisciplinada y fácilmente manipulable”, dice el texto, en referencia al Ejecutivo de Saca, y explica: “Por eso el grupo de los ex presidentes planea proponer reformas legislativas que pongan orden antes de las elecciones de 2009”.

La embajada definió el plan B como una estrategia para “aislar a El Salvador de las travesuras del FMLN” en el caso de que Funes venciera en la elección. Estados Unidos consideraba, según el texto, “catastrófica” la posible derrota de Arena en las elecciones legislativas de enero de 2009, en la medida en que abría la puerta a que con un previsible gobierno del FMLN el partido de derechas tendría escaso control parlamentario.

Miedo a una CSJ poco independiente

Asimismo, los impulsores del plan B estaban preocupados, ya en 2008, por la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debían incorporarse a la cúpula del poder judicial en julio de 2009, cuatro de los cuales integrarían la Sala de lo Constitucional. El grupo pensaba que era “esencial” adelantar la elección de esos magistrados, de tal manera que lo hiciera la Asamblea saliente -que terminaba su período el 30 de abril- y no la que asumiría el 1 de mayo producto de los comicios de enero de 2009. Su temor era que esta tuviera mayor número de representantes del FMLN. Para adelantar la votación, Samayoa advertía de la necesidad de que Arena contara no solo con los votos de sus “aliados habituales” (PCN y PDC) sino con los de Cambio Democrático y dos diputados del Frente.

En esas cuentas, los promotores del plan B aspiraban a contar hasta con 54 votos, dos menos que la mayoría calificada indispensable para poder elegir magistrados.

Finalmente, la elección de esos cinco magistrados no solo no se celebró antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, sino que se demoró hasta el mes de julio. Los elegidos fueron finalmente José Belarmino Jaime, desde entonces presidente de la Corte, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo Ernesto González Bonilla y María Luz Regalado, asignada a la Sala de lo Civil. Los cuatro primeros se han convertido desde su nombramiento en foco de una intensa polémica con sus fallos desde la Sala de lo Constitucional, que han incomodado al Ejecutivo, partidos políticos y medios de comunicación. La Asamblea aprobó incluso el pasado 2 de junio, con los votos de Arena, PCN, PDC y Gana, un decreto que trata de limitar la independencia de estos magistrados.

Armando Calderón Sol confirmó a El Faro la celebración de aquella reunión y de reuniones posteriores en las que se habló del referido plan B, aunque trató de restar importancia a las maniobras políticas de los integrantes del grupo. “Allí había empresarios, gente de Arena, y gente de izquierda democrática. Y también gente de derecha no vinculada a Arena”, dijo. “Se habló, por ejemplo, de la necesidad de tener una Corte Suprema de Justicia independiente, que no dependiera de los sectores políticos, que fuera una garantía para todos.”

Ahora, Calderón Sol se refiere a los magistrados de la Corte y se ríe de sus temores de 2008: “Podremos decir cualquier cosa de ellos, pero no que no son independientes o que tengan camiseta partidaria, ja ja. Lo sucedido con el decreto 743 es trágico, doloroso. El decreto fue un error desde el inicio. Espero sensatez de todos los órganos del Estado y que se respete la institucionalidad y a la Corte”.

“El plan B, en todo caso, se vio superado por la realidad”, asegura ahora, en referencia a los resultados de la elección legislativa, que dio 35 diputados al FMLN y solo tres menos, 32, a ARENA. “¿Cuál plan B, si el plan B ya lo ha dado el pueblo salvadoreño?, les decía yo. Claro que no sabía de la traición de Saca, de Gana, que rompió la voluntad popular, el balance que pidió el pueblo”, dice el ex mandatario respecto a la escisión de la fracción legislativa de Arena y el nacimiento del nuevo partido, a quien la cúpula arenera vincula directamente con el expresidente Saca.