Gobierno de Saca amenazó con retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos

La posibilidad de que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) trasladara a la Corte Interamericana el caso del asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero llevó al gobierno de Antonio Saca a amenazar en 2007 con retirarse de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desconocer la autoridad de la Corte. Con esa advertencia y con el argumento de que la derogación de la Ley de Amnistía -una de las recomendaciones de la CIDH- suponía un peligro para el país, tres representantes del gobierno viajaron a Washington en octubre de ese año para tratar de frenar el caso Romero.

Un cable de la embajada de Estados Unidos en San Salvador fechado el 21 de septiembre de ese año recoge la visión de la administración Saca sobre el tema y su decisión de no ceder a las exigencias de la CIDH. Según el texto, una de las últimas recomendaciones hechas por la CIDH a fin de lograr un acuerdo entre el Estado salvadoreño y los demandantes – encabezados por CEJIL- era la retirada del monumento al fundador de Arena -y autor intelectual del asesinato de Romero, según la Comisión de la Verdad, Roberto d’Aubuisson- en el municipio de Antiguo Cuscatlán. La embajada lo consideraba “una condición vista aquí como imposible”.

Los desencuentros entre la CIDH y el gobierno de El Salvador venían de lejos, desde el incumplimiento de las primeras solicitudes de información en 1995 al abrirse el caso, o desde cuando en 2000 la Comisión se pronunció por primera vez oficialmente sobre él y pidió la derogación de la Ley de Amnistía. Pero en 2007 el enfrentamiento llevó incluso al gobierno Saca a considerar la posibilidad de retirar a El Salvador del sistema de derechos humanos. Óscar Bonilla, en aquel entonces presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y Salvador Samayoa, que antecedió a Bonilla en ese cargo y fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz en 1992, aseguraron a representantes de la embajada estadounidense que si la CIDH trasladaba el caso a la Corte, considerada un órgano superior, había funcionarios del gobierno listos para denunciar inmediatamente la Convención y desconocer a la Corte.

Asimismo, anunciaron a los diplomáticos que el 10 de octubre el mismo año Samayoa viajaría a Washington con otros dos firmantes de los acuerdos, Óscar Santamaría y David Escobar Galindo, a fin de disuadir a los magistrados de la CIDH. Pidieron además a la embajada que les ayudara con las gestiones necesarias para poder entrevistarse allí con funcionarios del Departamento de Estado, en un intento de abrir nuevas vías de presión sobre la CIDH.

El cable hace referencia también a la idea surgida en el gobierno Saca para acercarse a El Vaticano y pedir a la Santa Sede su apoyo a fin de que el caso Romero no avanzara en la CIDH, “sin perjuicio de su proceso de beatificación”.

En el momento en que se hicieron estas gestiones, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era el abogado Florentín Meléndez, ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Meléndez aclaró sin embargo a El Faro que de acuerdo con el reglamento de la CIDH ninguno de sus miembros conoce de casos relacionados con su país de origen, por lo que él no estuvo al tanto de los avances del caso ni de las presiones del estado salvadoreño. “Estuve totalmente al margen, entre otras razones para no perjudicar el caso”, afirmó.