Hernán Contreras "encubrió" corrupción en caso ANDA

La embajada de Estados Unidos en El Salvador no confiaba en la Corte de Cuentas de la República. Para la sede diplomática, esta institución tenía más poder político que la Fiscalía General de la República (FGR), servía de “espada de Damocles” contra los partidos opositores y permitía la corrupción de sus aliados políticos.

Dándole crédito a fuentes propias, para las que pedían su estricta protección, la embajada cuestionó, en un cable enviado al Departamento de Estado, que esta institución “no pudo detectar más de 40 millones de dólares en sobornos a un alto funcionario de gobierno”, en referencia a Carlos Perla, ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“La Corte de Cuentas es un organismo nominalmente independiente encargado de revisar el gasto fiscal por el sector público y ha estado en el centro de los recientes escándalos políticos”, resume el cable. El principal problema: el control político ejercido desde el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Según el cable: “El líder del PCN y presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, ha usado la Corte de Cuentas para mantener el poder político de su partido en declive, mediante el uso de la institución como una potencial espada de Damocles sobre las otras partes.”

La embajada estadounidense consideró que, a pesar de que la Corte de Cuentas, en el papel, es manejada por tres magistrados electos por la Asamblea Legislativa, es Contreras, en su calidad de magistrado presidente desde 2002, quien “controla el orden del día, incluyendo las personas y organismos a auditar”. Según el cable, “en la práctica, la Corte de Cuentas ha alcanzado niveles de poder político no previstos por los redactores de la Constitución salvadoreña”. En él se reseña que los gastos de instituciones públicas bajo control de “opositores políticos” son supervisados detalladamente mientras que “los aliados políticos con regularidad escapan de su control”.

“A pesar de que la Corte de Cuentas debería tener un poder político limitado, ésta ha utilizado sus funciones de auditoría para ejercer  más poder que la Fiscalía General de la República”, detalla el documento. Incluso, se destaca en el cable la incapacidad de la Asamblea Legislativa por hacer valer la ley y auditar la misma Corte de Cuentas desde 1996. En 2005, la embajada sospechaba que podría existir un acuerdo entre los partidos Arena y PCN para dejar la Corte de Cuentas en manos del PCN –un partido fundado en 1961 para los militares y que “ha estado plagado de corrupción desde hace décadas"- a cambio de no auditar al Ejecutivo y a Arena. “Otra prueba de que el PCN está utilizando la Corte para mantener el poder político es el hecho de que durante sus 20 años de control no ha habido un solo juicio por mala gestión financiera”, relata el documento.
 
Pero para la Embajada, los casos ejemplares fueron los de Anda y el ministerio de Turismo. En el primero, la sede diplomática no podía creer que no se pudieran detectar los sobornos a funcionarios públicos. En el segundo, que la Corte de Cuentas fallara a favor de que un funcionario público sí puede licitar bienes y servicios a la misma institución en la que laboraba.

En el cable 43856, bajo el subtítulo de “Ejemplos evidentes” de la corrupción en la forma de trabajar de la institución, la embajada da crédito a lo dicho por una fuente interna de la Corte de Cuentas y que es protegida por la sede diplomática. Según el escrito, esta persona se reunió con oficial de la embajada y le dijo que el “enriquecimiento ilícito de Perla debería haber sido obvio para cualquier persona que sabía de su estilo de vida lujoso” y que Contreras “encubrió el hecho de que el ex presidente Flores es consciente de la malversación de fondos” en (ANDA).

Perla, quien fue encontrado culpable por los delitos de peculado, asociaciones y negociaciones ilícitas, en agosto de 2007, y sentenciado a 15 años de prisión. Fuentes internas de la Corte de Cuentas y que pidieron el anonimato, aseguraron que todas las auditorías realizadas a la gestión Perla terminaron caducando, después de los siete años máximos de investigación y determinación de culpables.

En el comentario final, firmado por el entonces embajador Douglas Barclay, la embajada detalla que, “a pesar de que parece haber un acuerdo generalizado de que la Corte de Cuentas no está cumpliendo con sus funciones, parece que hay poca voluntad política para auditar esta institución o para promulgar una legislación que cambie el sistema existente”. Según la embajada, los potenciales trapos sucios, presentes y pasados, de todos los partidos políticos hacían muy poco probable que la Corte de Cuentas se reformara en el corto plazo.